lunes, 30 de marzo de 2026

HABLEMOS DE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA REALIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA… ¡POR FIN!

 



Se acercan elecciones en Andalucía y esto significa que ya estamos en campaña electoral. Por desgracia, estas campañas suelen basarse en ver quién tiene más capacidad para engañar a la ciudadanía. Se ofrecen datos que interesan electoralmente y, por el contrario, se eluden los que no convienen; se miente, se disfrazan verdades con eufemismos o simplemente se obvian. En definitiva, se pone en práctica toda la gama de estrategias diseñadas para llevar a los votantes al terreno de los candidatos, a ser posible sin que el ciudadano se percate.

Yo no digo que todo lo que haya hecho el PP, como partido del Gobierno de Andalucía, sea malo. Lo que digo es que aquello que personalmente me importa es, objetivamente, un auténtico desastre.

¿Andas buscando qué es lo que me importa? Dentro de las competencias de la Junta de Andalucía, me importa la sanidad y la educación pública, la atención a la dependencia y a las personas con discapacidad. Me importa el fracaso escolar y, en particular, la Formación Profesional. Me preocupa el empleo, sobre todo el juvenil y el de colectivos vulnerables, así como la situación económica de muchas familias, los sueldos y las condiciones laborales. Me importa el bienestar general, la renta per cápita, los avances tecnológicos y medioambientales, el machismo, la honestidad política y, por supuesto, la vivienda.

Me interesan menos conceptos como la “españolidad”, las tradiciones, los toros, la caza, el ejército o la religión; por ello, voy a ofrecer datos contrastados sobre lo que más me preocupa tras haber mantenido una consulta detallada con Gemini:

1. Medio ambiente y gestión natural

En 2026, Andalucía ha vivido una profunda reforma normativa que, según sectores sociales y ecologistas, supone un retroceso en las garantías de protección.

  • Externalización del control (LEGAM 2026): La recién aprobada Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) permite que entidades privadas asuman funciones de inspección y vigilancia que antes eran exclusivas de la Administración. Esto reduce la independencia de la supervisión y afecta a las condiciones laborales.
  • Simplificación administrativa: La norma sustituye autorizaciones previas por "declaraciones responsables". Aunque agiliza la inversión, debilita el control preventivo sobre proyectos con impacto ecológico.
  • Ley de montes (Ley 3/2026): Publicada en marzo de 2026, esta ley flexibiliza el uso del suelo forestal. Se critica que no declare todos los montes como "dominio público", abriendo la puerta a una gestión mercantilista.
  • Crisis de Doñana: Pese al acuerdo de 2024, el Parque Nacional alcanzó su mínimo histórico de aves censadas. Excluido de la "Lista Verde" de la UICN, no se espera su readmisión hasta finales de 2026 por el mal estado de los acuíferos y el robo de agua.
  • Modelo urbanístico: La Ley LISTA favorece la construcción en suelo rústico, un modelo de "ciudad dispersa" que encarece los servicios públicos y daña el paisaje.

2. Vivienda: precios, alquiler y exclusión

  • Precio del alquiler: Ha sufrido un incremento del 9,4% anual. El esfuerzo financiero para alquilar absorbe más del 40% del salario neto de los jóvenes andaluces.
  • Fondos buitre: Existe una gran concentración de inmuebles en manos de grandes tenedores que controlan el 5% del parque de alquiler en capitales como Málaga y Sevilla.
  • Desahucios: Andalucía concentra el 20% del total nacional de lanzamientos, afectando principalmente a familias de rentas bajas.
  • Falta de regulación: La negativa a aplicar topes de precios en "zonas tensionadas" mantiene la escalada de precios sin freno administrativo.

3. Sistema sanitario, listas de espera y salud mental

Andalucía se sitúa a la cola de España en accesibilidad y recursos, con una brecha creciente respecto a la media nacional.

Indicador (Datos 2025-2026)

Andalucía

Media España

Diferencia / Posición

Espera cita Médico Familia

11,16 días

9,15 días

La más alta del país

Espera para Especialista

136 días

104 días

+32 días sobre la media

Gasto sanitario por habitante

1.610 €

1.840 €

Penúltima CCAA

Psicólogos (por 100k hab.)

6

10

Muy lejos de la UE (18)

Camas hospitalarias (por 1k hab.)

2,1

3,0

Déficit estructural

  • Atención primaria: Mientras en otras comunidades la cita se obtiene en 48-72 horas, en Andalucía la demora de 11 días colapsa las urgencias hospitalarias.
  • Privatización: La derivación de más de 500 millones de euros anuales a la sanidad privada supone un aumento del 25% en conciertos respecto a 2018.
  • Salud mental: Es una "emergencia silenciosa". Con solo 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, la espera para una primera consulta puede superar los 180 días.
  • Infraestructuras: La ejecución real del presupuesto para nuevos centros en 2025 fue inferior al 60%, dejando proyectos pendientes en provincias como Sevilla y Málaga.

4. Dependencia y discapacidad

  • Tiempos de gestión: Se requieren 496 días de media para resolver un expediente, frente a los 341 días de la media nacional.
  • Fallecidos en espera: Cerca de 7.000 personas fallecieron en 2025 esperando la ayuda que ya tenían reconocida.
  • Reconocimiento de grado: Existen retrasos de más de 14 meses para la valoración inicial de discapacidad en provincias como Sevilla.

5. Educación y formación profesional: el desmantelamiento de lo público

Andalucía lidera el ranking nacional en pérdida de unidades en la escuela pública y en el trasvase de alumnado de FP hacia el sector privado.

  • Cierre de aulas: Desde 2019, se han suprimido cerca de 3.000 clases de Infantil y Primaria en centros públicos. Mientras la administración usa el descenso de natalidad como excusa, la red concertada apenas ha perdido unidades, permitiéndose bajar la ratio de alumnos por clase, un privilegio negado a la pública.
  • El "boom" de la FP privada: En la última década, las plazas privadas han crecido un 350%, mientras la oferta pública solo ha subido un 40%. Cada curso, unos 30.000 jóvenes se quedan sin plaza pública, viéndose obligados a pagar entre 2.000 y 5.000 euros anuales en la privada.
  • Especialización: Los centros privados acaparan los ciclos de alta empleabilidad (Sanidad, Informática), dejando para la pública los de mayor coste de mantenimiento y menor demanda.
  • Abandono escolar: Registramos una tasa del 16,8% (datos 2025), lejos del 13,9% nacional y del objetivo del 9% marcado por la UE.
  • Atención a la diversidad: El déficit de PTIS (Personal Técnico de Integración Social) es crítico. La precariedad y subcontratación de estos profesionales impide una inclusión real.

6. Mercado laboral y pobreza

  • Desempleo: Tenemos una tasa del 17,4% (España: 11,2%) y el paro juvenil supera el 35%.
  • Pobreza infantil: El 40,5% de los menores está en riesgo de exclusión. La desigualdad es tal que un niño en un barrio vulnerable de Sevilla tiene una esperanza de vida hasta 7 años menor que uno en un barrio rico.
  • Renta y salarios: El salario medio es un 12% inferior al nacional y la Renta Per Cápita se sitúa un 25% por debajo de la media española.
  • Discapacidad y empleo: La tasa de actividad es 10 puntos inferior a la media nacional, con una falta de inserción real en la empresa ordinaria.

7. Igualdad y lucha contra el machismo

  • Violencia de género: Andalucía registra cifras alarmantes en el sistema VioGén. Falta de recursos en los CMIM (Centros Municipales de Información a la Mujer), especialmente en el entorno rural.
  • Brecha salarial: Las mujeres andaluzas cobran, de media, un 20% menos que los hombres y asumen el 85% de las excedencias por cuidados, lo que penaliza gravemente su jubilación.

8. Avances tecnológicos

  • Inversión en I+D+i: Andalucía invierte solo el 0,95% de su PIB en ciencia (España: 1,45%). Aunque existen polos tecnológicos en Málaga y Sevilla, esta inversión no llega de forma equitativa al resto del territorio.

Conclusión: Este informe es la radiografía de una "libertad" que, en la práctica, se traduce en externalización y desregulación. Lo que nos venden como eficiencia es, en realidad, un deterioro estructural de nuestros derechos más básicos. La brecha entre la gestión pública y la derivación masiva a manos privadas no es un accidente: es el eje central y deliberado de las políticas del actual Gobierno andaluz.

Andalucía posee un potencial humano y tecnológico inmenso, pero camina lastrada por una gestión que prioriza el negocio sobre el servicio y por supuesto que el negocio es lícito y necesario pero siempre que no fomente una desigualdad de renta que ya es marca de la casa. Todo ello aparece hoy perfectamente “eufemizado” (sí, la palabra me la he inventado) bajo un disfraz de “moderación” (también marca de la casa) diseñado para que no miremos las cifras.

Sin embargo, los datos son tozudos y no entienden de marketing electoral. ¡Voten!, pero voten sabiendo lo que votan. Por supuesto, todos somos muy libres de escupir hacia arriba o de anteponer banderitas, toros y tradiciones a la sanidad de nuestros hijos o a la educación de nuestros jóvenes. ¡Faltaría más!

Fdo. Diego Bueno


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