Aclaro, antes que nada, que estos datos los he obtenido a través de la IA,
a la cual he hecho hincapié en el prompt sobre la necesidad de que
fueran datos fiables y contrastables. Asimismo, para la redacción de este
informe he contado con la ayuda de Gemini.
En pleno proceso electoral español, todas las miradas se deberían dirigir
al balance objetivo y sin sesgos del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha habido
grandes transformaciones y logros tangibles que han cambiado el rostro de
España. Desde 2018, el Ejecutivo ha liderado una transformación económica y
social sin precedentes que paso a presentar:
Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, España se ha convertido en una de las
economías de más rápido crecimiento y en la que más empleo crea de la Unión
Europea:
- Producto Interior Bruto: ha crecido un 7,8 % desde 2018, superando en dos puntos la media de
la Unión Europea y multiplicando por seis el crecimiento de Alemania.
- Empleo: se han creado 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo, el número de
ocupados ha superado los 21,8 millones y se ha registrado la tasa de paro
más baja en 17 años (11,2 %).
- Poder adquisitivo: ha recuperado niveles previos a la pandemia, situándose en línea con
el crecimiento medio de Alemania y por encima de la media del sur de
Europa tras ajustar la inflación acumulada.
El Gobierno ha trabajado para fortalecer la red de seguridad social y
proteger a los colectivos más vulnerables:
- Salario mínimo: ha aumentado un 54 % (pasando de 735,90 € a 1.134 € en 14 pagas)
hasta situarse entre los más altos de Europa en proporción al salario
medio.
- Lucha contra la pobreza: la tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) se ha situado en el
26,5 %, mientras que el índice de Gini de desigualdad ha mejorado
notablemente al reducirse de 33,2 a 31,5.
- Ingreso básico: el Ingreso Mínimo Vital beneficia de forma directa a alrededor de
700.000 familias (equivalentes a 2,1 millones de personas).
- Apoyo a las familias: el total de la inversión en protección social se ha elevado en 45.000
millones de euros adicionales, con un aumento del 130 % en las partidas
presupuestarias para el sistema de atención a la dependencia y cuidados de
larga duración.
El Gobierno ha reequilibrado el mercado laboral mediante reformas que han
cambiado las reglas del juego en favor de los trabajadores:
- Lucha contra la temporalidad: la reforma laboral de 2022 ha reducido el indicador de empleo
temporal en el sector privado en más de 12 puntos (pasando de más del 26 %
a situarse por debajo del 14 %).
- Protección del empleo: el mecanismo de los ERTE se ha convertido en una herramienta
fundamental para evitar despidos durante las crisis.
- Apoyo a la educación: se ha aumentado el presupuesto destinado a becas hasta alcanzar el
récord de 2.520 millones de euros anuales.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a España en un líder mundial en
energías renovables, lo que ha reducido las facturas eléctricas y protegido el
medio ambiente:
- Expansión de las renovables: la cuota de electricidad generada a partir de fuentes renovables en
el mix eléctrico nacional ha pasado del 38,4 % (2018) al 50,8 %.
- Reducción de emisiones: las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico han
caído un 28 %.
- Precios de la electricidad: la electricidad en el mercado mayorista (pool) en España ha
llegado a situarse hasta un 40 % más barata que en Alemania durante los
periodos de aplicación de la "excepción ibérica", lo que ha
supuesto un ahorro directo a familias y empresas.
En materia de vivienda y apoyo a la ciudadanía:
- Plan de vivienda: se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con un
presupuesto de 7.000 millones de euros para aumentar la oferta de vivienda
pública y combatir la especulación.
- Apoyo a inquilinos y compradores: las medidas han incluido la limitación a las
subidas del alquiler vinculadas al IPC/IGP, la regulación de zonas
tensionadas y el despliegue de líneas de avales y créditos ICO por valor
de 2.500 millones de euros (cubriendo hasta el 20 % del préstamo) para la
adquisición de la primera vivienda por parte de jóvenes y familias.
Sánchez ha reforzado la posición de España como una voz influyente en el
escenario global, abogando por un alto el fuego en Gaza, el reconocimiento de
Palestina y el apoyo a Ucrania, al tiempo que rechaza que se menoscabe el
Estado social en favor de un aumento del gasto militar.
Estos logros muestran que el mandato de Pedro Sánchez no se ha limitado a
gestionar crisis, sino que ha trazado una senda clara hacia una España más
justa, próspera y sostenible.
Gestión de las
distintas emergencias a las que ha tenido que enfrentarse este Gobierno
Desde una perspectiva analítica de la reciente historia política y
económica de España, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las
sucesivas emergencias extraordinarias de los últimos años deja un balance en el
que se le reconocen diversos méritos de respuesta estructural e impacto social.
En el ámbito de la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, la
articulación del mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) supuso un hito en la protección del mercado de trabajo. Esta medida
evitó la destrucción masiva del tejido productivo y protegió las rentas de
millones de familias, complementándose con la inyección masiva de liquidez a
través de las líneas de avales del ICO para pequeñas empresas y autónomos. A
este escudo laboral y financiero se sumó la eficacia logística en la campaña de
vacunación, que situó a España entre los países líderes en cobertura
inmunológica y aceleró la reactivación económica, así como una negociación
activa en Bruselas para articular el fondo histórico Next Generation EU,
cambiando el paradigma de respuesta europea hacia el estímulo público.
Posteriormente, ante el estallido de la crisis energética e inflacionista
derivada de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo promovió con éxito en el marco
comunitario la denominada "excepción ibérica". Esta herramienta
permitió desacoplar el precio del gas del mercado eléctrico y abaratar de forma
directa las facturas de hogares e industrias respecto al resto de la Eurozona.
En paralelo, se desplegaron bonificaciones al transporte público, rebajas
fiscales a los alimentos de primera necesidad y ayudas directas orientadas a
mitigar el impacto de la inflación en las economías domésticas.
En materia de emergencias y catástrofes naturales, el Estado articuló
respuestas operativas mediante el despliegue de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) y la aprobación de paquetes de ayuda económica para la
reconstrucción de infraestructuras y zonas afectadas por eventos de gran
magnitud, como la erupción volcánica en La Palma, el paso de la borrasca
Filomena o los graves episodios de la DANA.
Finalmente, en el plano internacional, el Gobierno reforzó su proyección
diplomática situando a España como una voz activa en foros multilaterales
mediante el impulso al reconocimiento del Estado de Palestina, la defensa del
derecho internacional en Oriente Medio y el mantenimiento del apoyo a Ucrania,
conformando un relato político centrado en el uso del Estado como red de
seguridad y resiliencia frente a grandes choques externos.
Reforzamiento
del "escudo social"
Si hay un terreno donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha buscado dejar un
sello propio y reconocible es en el blindaje del bienestar y en la ampliación
de libertades civiles, articulando lo que se definió como el "escudo
social". En el ámbito laboral y económico, este despliegue se tradujo en
decisiones de calado histórico: desde la salvación masiva de empleos y empresas
mediante el esquema de los ERTE durante lo peor de la pandemia, hasta el giro
copernicano que supuso la reforma laboral acordada con agentes sociales para
frenar la temporalidad estructural. A esto se suma el incremento continuado del
Salario Mínimo Interprofesional en más de un 50 % y la protección regulatoria
pionera para los repartidores de plataformas digitales con la Ley Riders.
En materia de protección social y pensiones, la prioridad se centró en
garantizar la cohesión y la equidad retributiva. El blindaje por ley para
revalorizar las pensiones automáticamente conforme a la inflación devolvió la
tranquilidad a millones de jubilados, mientras que la puesta en marcha del
Ingreso Mínimo Vital buscó establecer por primera vez una red de seguridad
estatal contra la pobreza extrema. Paralelamente, la reforma del sistema de
pensiones introdujo nuevos mecanismos para reforzar la hucha de las pensiones
elevando la aportación de los salarios más altos, al tiempo que se redujeron
los copagos farmacéuticos para las rentas más humildes.
El refuerzo de los servicios públicos fundamentales también marcó la agenda
en sanidad y educación. En el ámbito sanitario, más allá de la gestión de la
crisis pandémica y la campaña de vacunación, se devolvió el carácter universal
a la atención médica pública y se dieron los primeros pasos para incluir la
salud mental y bucodental en la cartera común. Por su parte, el sistema
educativo experimentó una profunda transformación con la aprobación de la
LOMLOE y un despliegue histórico en partidas para becas y plazas gratuitas de
educación infantil de 0 a 3 años.
Por último, el avance en derechos civiles e igualdad ha sido uno de los
pilares más visibles y debatidos de la legislatura. Medidas como la
equiparación histórica de los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas
iguales e intransferibles, la aprobación de la Ley de Eutanasia para garantizar
el derecho a una muerte digna o el despliegue de leyes en materia LGTBI+ e
igualdad situaron a España en la vanguardia legislativa europea. Con aciertos y
fricciones, este conjunto de reformas buscó afianzar un modelo de sociedad más
distributivo, inclusivo y protector ante la adversidad.
Lo que NO ha
ido bien
Aunque se destacan los avances, la gestión del Gobierno también afronta
serias críticas por sus costes y debilidades.
En el plano fiscal y macroeconómico, el principal reproche se centra en el
elevado incremento de la deuda pública —que ronda los 1,7 billones de euros— y
en la persistencia del déficit estructural. Si bien este sobreendeudamiento
responde en gran medida a la financiación de medidas de choque ante factores
impredecibles como el parón económico de la COVID-19, la crisis energética tras
la guerra en Ucrania o catástrofes como el volcán de La Palma, analistas y
organismos de supervisión advierten de que limita el margen fiscal a largo
plazo.
Por otra parte, la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los hogares
durante el pico inflacionario y el encarecimiento de la cesta de la compra han
dejado un impacto significativo en las familias. No obstante, en esta subida de
precios influyen factores globales ajenos al control del Ejecutivo, como los
shocks energéticos y los episodios meteorológicos extremos que mermaron las
cosechas. A este escenario se sumó el comportamiento de grandes empresas y
multinacionales que han obtenido beneficios netos sin precedentes en sectores
clave: por un lado, las principales cadenas de la gran distribución y
supermercados (como Mercadona, Carrefour, Lidl o Grupo DIA) dispararon sus
ganancias impulsadas por el aumento de la facturación y la migración hacia sus
marcas blancas; por otro, los gigantes de la gran banca (como Banco Santander,
BBVA, CaixaBank o Banco Sabadell) y las corporaciones energéticas (como
Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy) registraron resultados récord gracias al
subidón de tipos de interés y a la volatilidad energética. Esta concentración
de ganancias reabrió un intenso debate sobre si la traslación de costes a los
consumidores fue equitativa. Ante esto, el Ejecutivo agotó las herramientas
legales disponibles —vía impuestos a las superganancias y rebajas fiscales— sin
vulnerar el marco de libre competencia de la Unión Europea.
Respecto a los fondos europeos, se apuntan cuellos de botella e
insuficiencias administrativas. La ejecución de las partidas del Next
Generation EU ha sufrido críticas por la elevada burocracia y los retrasos
en su llegada efectiva a las pequeñas y medianas empresas.
En materia de vivienda, medidas como la Ley de Vivienda o los topes a los
alquileres no han impedido que el acceso a la vivienda alcance precios récord,
siendo cuestionadas por su capacidad para generar oferta a corto plazo. No
obstante, la responsabilidad exclusiva atribuida al Gobierno central pierde
sentido si se tiene en cuenta que la vivienda es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas. Desde la posición del Ejecutivo, el impacto limitado de
la ley responde al bloqueo de las autonomías y ayuntamientos de la oposición
conservadora, que rehusaron aplicar los topes al alquiler y los controles
especulativos en sus territorios al defender un modelo opuesto basado en la
liberalización de suelo, mientras que la derecha parlamentaria votó en contra de
estas intervenciones públicas en el Congreso.
En el mercado laboral y asistencial persisten brechas estructurales. Pese a
la creación de empleo, España mantiene la tasa de desempleo más elevada de la
Unión Europea y una alta tasa de paro juvenil, mientras que la reforma laboral
es señalada por las dudas estadísticas en torno a la figura de los fijos
discontinuos inactivados. Al mismo tiempo, herramientas asistenciales como el
Ingreso Mínimo Vital han visto ralentizado su alcance por complejas trabas
burocráticas que han dejado fuera a colectivos vulnerables.
En el plano político e institucional, la constante necesidad de sostener
mayorías frágiles ha dejado un desgaste visible, aunque demuestra una capacidad
negociadora y de hacer política innegable. Forzar acuerdos tan complejos como
la ley de amnistía o los cambios en el Código Penal ha hecho que salieran venas
en el cuello a los ultrapatriotas; sin embargo, se ha comprobado que España no
se ha roto ni ha llegado la hecatombe que anunciaban.
Todo ello, sumado a los roces internos en la coalición, los inesperados
efectos de la ley del solo sí es sí —donde un fallo en el diseño técnico
de las penas obligó a los jueces a revisar condenas a la baja, desatando un
duro choque entre el Gobierno y la judicatura—, las dificultades para sacar
adelante los Presupuestos y, sobre todo, la erosión ética que suponen las
causas judiciales por corrupción e influencia que salpican de lleno a la cúpula
del partido y al entorno del Ejecutivo, dibuja un cuadro de tensión política
innegable.
Fdo. Diego Bueno (con la inestimable colaboración de Gemini)