Durante los ocho años de
gobierno progresista, la derecha no ha dejado de repetir que los sindicatos
están «comprados» y que por eso no hay movilización social. Pero a ver: ¿cómo
va a haber una huelga contra un gobierno que está legislando a favor de los
trabajadores? La huelga es un último recurso, una medida de fuerza que se
activa cuando la negociación fracasa y los empresarios se enrocan.
También repiten que los sindicatos deberían haber convocado paros por la subida
de precios. Hay que recordarlo alto y claro: los precios no los sube el
Gobierno, los suben los empresarios para engordar sus márgenes de beneficio
—ahí están las cuentas de resultados récord— usando como excusa el coste de las
materias primas y el transporte.
Esta huelga es por la imposibilidad real de acceder a una vivienda con los
sueldos actuales. Y los responsables tienen nombres y apellidos: la derecha
española y catalana, que ha votado en contra de cada ley orientada a proteger
este derecho, junto a las comunidades autónomas y ayuntamientos que se niegan a
intervenir el mercado para ofrecer precios razonables. Las huelgas se hacen
contra quienes bloquean la mejora de nuestras condiciones de vida.
Por último, en su afán por desprestigiar al sindicalismo, atacan el aumento de
las subvenciones públicas. Olvidan decir dos cosas: que este incremento
responde al recorte drástico que ejecutó Rajoy y al impacto de la inflación, y
que estos fondos se reparten democráticamente según el número de delegados que
los trabajadores eligen libremente. Fortalecer a los sindicatos —también
económicamente— es la única garantía de equilibrar la balanza entre el gran
capital y la clase trabajadora. No lo digo yo: lo reconoce el propio Tribunal Constitucional
al atribuirles una función de interés general y representación institucional.
Y un detalle clave: el dinero no lo da «el Gobierno» para comprar silencios, lo
asigna el Estado por ley, y los sueldos de los dirigentes sindicales no
dependen de esas partidas. Además, sus cuentas son totalmente transparentes y
auditadas. Ojalá se pudiera decir lo mismo de la Iglesia católica, el ejército
o ciertos partidos de extrema derecha, que reciben miles de millones de euros
públicos en la más absoluta opacidad.
Y ¡ojo! No estoy diciendo que los sindicatos sean perfectos ni que todo lo
hagan bien; eso no pasa en ningún sitio. Lo que digo es que son necesarios —con
o sin afiliados— como garantía. Si la gestión de los hospitales no es buena, se
mejora, se piden responsabilidades, pero no se privatiza. Si la gestión de la
educación no funciona bien, se mejora y se piden responsabilidades, pero no se
privatiza. De igual modo, si algún sindicato no funciona bien, se exige que
rectifique y se piden responsabilidades, pero no se busca hacerlos desaparecer
—con eso sueñan los empresarios— porque eso le daría el poder absoluto al
empresariado.
Fdo. Diego Bueno.
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